El pasado 18 de enero se conoció la noticia del descubrimiento de una antigua necrópolis islámica en el centro de Zaragoza. Es un resto de las varias maqbaras, o cementerios, que tuvo la Saraqusta islámica, que fue una de las ciudades más relevantes de Al-Ándalus y que mantuvo una importante minoría musulmana mudéjar tras la conquista de Alfonso I el Batallador en 1118. A la Zaragoza andalusí se le atribuía albergar las tumbas de dos sahaba, o compañeros del profeta Muhammad, dato probablemente falso, pero que sin duda otorgaba prestigio a la ciudad y a quienes se enterraban en ella.
Los cementerios islámicos en la acción política española
La historia es una de las razones de que el islam tenga la consideración legal de religión «de notorio arraigo» en España y que su libre ejercicio en plano de igualdad con otras confesiones esté regulado desde 1992. La Ley 26/1992, de 10 de noviembre, reconoce a las comunidades musulmanas «el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así como el derecho a poseer cementerios islámicos propios» y a la observancia en los mismos de los ritos funerarios tradicionales islámicos.
En la práctica, este y otros derechos recogidos por las leyes son limitados y a veces negados, de manera abierta o mediante el recurso de la inacción y el silencio administrativos.
Todo ello de acuerdo con la Ley de Libertad Religiosa de 1980, que establece el derecho a «recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos». En la práctica, este y otros derechos recogidos por las leyes son limitados y a veces negados, de manera abierta o mediante el recurso a la inacción y el silencio administrativos. El derecho a una sepultura digna es hoy, probablemente, la principal demanda institucional de los musulmanes en España, especialmente desde la pandemia del covid-19. El deseo de ser enterrado en el lugar en el que se vive es un signo de ese «notorio arraigo» de los musulmanes, que la ley reconoce pero que las instituciones y el discurso político y mediático, a menudo, limitan o niegan.
Los nuevos hallazgos funerarios de Zaragoza han coincidido con la publicación en la revista Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos de un artículo de Óscar Salguero y Daniel Gil-Benumeya, miembros del Grupo de Análisis sobre Islam en Europa (GRAIS) de la Universidad Complutense, que aborda el caso de Zaragoza como ejemplo de las demandas de los musulmanes en muchas ciudades españolas, y como ejemplo también de que las prácticas islámicas actuales se superponen, de forma paradójica, sobre las que las antecedieron históricamente.
El caso del cementerio de Torrero
Como ocurre en otros lugares de España, en la Comunidad de Madrid por ejemplo, los musulmanes de Aragón no deben su posibilidad de ser enterrados donde residen al amparo de las leyes de libertad religiosa de la democracia, sino al proteccionismo del bando franquista hacia los combatientes marroquíes durante la guerra civil española. El cementerio musulmán de Torrero fue construido en 1936 y quedó abandonado tras la contienda. Sesenta años después, los musulmanes de Zaragoza, mayoritariamente migrantes, hubieron de recurrir a este espacio para poder enterrarse. Pero para ello tuvieron y siguen teniendo que lidiar con la Administración, ya que estos cementerios militares, concebidos para un número reducido de personas en una situación histórica particular, no dan abasto ni reúnen las condiciones para atender a la actual ciudadanía española de confesión musulmana. Y, por otra parte, pese al mandato legal de adoptar las medidas oportunas para la observancia del ritual islámico, este se dificulta y limita, de modo que solo se aplica parcialmente.
Pese al mandato legal de adoptar las medidas oportunas para la observancia del ritual islámico, este se dificulta y limita, de modo que solo se aplica parcialmente.
Mediante documentación de diverso tipo (incluidas fotos) y entrevistas, el artículo desgrana las vicisitudes del diálogo entre los equipos políticos de distinto signo que han ocupado el Ayuntamiento de Zaragoza y la comunidad musulmana local. Y reflexiona también, a través de este caso, sobre los modos de interlocución de los musulmanes con las administraciones públicas en España y los modos de representación y mediación que se ponen en marcha. El artículo dedica asimismo una especial atención a los efectos de la crisis sanitaria y las restricciones a la movilidad y a la celebración de ritos funerarios ocasionada por el covid-19, que afectó de un modo dramático a los musulmanes.
Como ocurre en otros lugares de España, debido a la escasez de espacios funerarios, el cementerio de Torrero lo usa no solo población musulmana local, sino de toda la comunidad autónoma y las comunidades limítrofes. El caso del cementerio musulmán de Torrero en Zaragoza ejemplifica los procesos reivindicativos que están protagonizando comunidades musulmanas en muchas ciudades españolas, y cuyo menor o mayor éxito depende tanto del nivel de consolidación organizativa y de reconocimiento institucional que ostente la comunidad musulmana local, como de la voluntad política de las administraciones competentes para una buena gobernanza que sea sensible a la diversidad. Y también ejemplifica el modo contradictorio en el que una tradición religiosa arraigada en España por la historia y por la demografía actual sigue siendo tratada como extraña y recién llegada.
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